Para finales de julio, inspectores de la Organización de las Naciones Unidas podrían empezar a evaluar la operación del sistema de transporte Metrobús, a fin de certificar sus emisiones y poder venderlas en el mercado internacional de bonos de carbono.
Guillermo Calderón, director de Metrobús, comentó que “el primer paso logrado fue que se aprobara la metodología, por parte de la ONU, para medir el desarrollo de este transporte como limpio. Este proceso se tardó dos años, pero con ello vamos a poder certificar nuestras emisiones”.
El mecanismo que aplicará la ONU consistirá en comprobar que los vehículos del Metrobús contaminan menos que los microbuses que recorrían Insurgentes y el Eje 4 Sur, arterias por donde circulan hoy las dos líneas con las que cuenta este transporte.
Es importante subrayar, que actualmente Metrobús comercializa la reducción de emisiones contaminantes con el Fondo Español de Carbono, con un costo de 6 euros por tonelada. Sin embargo, una vez que se certifiquen las emisiones por parte de la ONU, el BRT capitalino (Bus Rapid Transport) podría recibir alrededor de 12 euros por cada tonelada no arrojada al ambiente.
“Fuimos el primer transporte en el mundo que comercializara la disminución de gases de efecto invernadero. Desde que empezó en 2005 el Corredor Insurgentes, hemos obtenido 500 mil euros, que han servido para mejorar las condiciones del sistema”, comentó Calderón.
El Metrobús podría obtener más de un millón de euros al año si consigue que sus bonos se vendan dentro del mercado certificado. De acuerdo con información de la red de transporte, ésta deja de emitir 80 mil toneladas de dióxido de carbono al año, pues sus unidades cuentan con la tecnología adecuada y usan diesel Ultra Bajo en Azufre (UBA).
Los bonos de carbono son un mecanismo internacional para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir dióxido de carbono como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado.
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