El filósofo argentino Enrique Dussel afirma que “la democracia no se justifica si no asegura la vida”, es decir, fincar lo político en una dinámica que permita “sacar” a los otros de su estado de minoría y poder probar que efectivamente pertenecen a la sociedad, a un espacio común, a una comunidad de iguales; algo que no sucede precisamente con todas las querellas, entre ciudadanos y el Gobierno del Distrito Federal (GDF), producidas por el tema de la construcción de la Supervía Poniente.
Y es que después de numerosos debates a favor y en contra de la vialidad, desde el anuncio de su construcción, el pasado 1 de enero 300 granaderos tomaron el control de 51 predios de la colonia La Malinche, con la finalidad de resguardar los predios en donde una veintena de trabajadores comenzaron, con mazos, a demoler las casas de la zona por donde pasará la nueva autopista urbana.
Ante ello, el GDF emitió un comunicado por medio del cual justificaba dichas acciones. “El GDF está y estará dispuesto al diálogo, pero no a costa de dejar la superficie de los predios expropiados como tierra de nadie”, estipula el documento.
Por su parte, miembros del Frente Amplio contra la Supervía aseguran que hasta la fecha no se ha presentado documentación alguna que acredite que se cuentan con los permisos de demolición, ni con un programa de Programa de Protección Civil, que son requisitos legales necesarios para la realización de esta obra. La omisión de dicha presentación obedece a lo que el Frente Amplio ha denunciado reiteradamente: la obra carece de los permisos y autorizaciones necesarias para iniciar este proyecto.
A pesar de lo anterior, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF, manifestó que está abierto a tener un diálogo con los opositores de la obra, además de enfatizar que se negoció con los propietarios de los inmuebles expropiados, a quienes se indemnizó y estuvieron conformes con ésto.
Por su parte, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF aprobó un punto de acuerdo, promovido por los panistas Federico Manzo y Sergio Eguren, para llevar a cabo una mesa de diálogo entre las autoridades capitalinas y los vecinos inconformes.
Sin embargo, como ya se ha tratado en otros momentos en Transeúnte, las discordias de la Supervía no sólo se inscriben en el campo político y en las tensiones producidas entre gobierno y ciudadanos, pues la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) da seguimiento, actualmente, a 11 denuncias recibidas entre abril y noviembre de 2010 referentes al impacto ambiental y de recursos naturales que causará la obra. También se contempla el manejo de los residuos de la construcción, así como todos los árboles que serán talados.
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