Foto: Fernando Velázquez
Arriba de 9.4 millones de viajes diarios se realizan actualmente en los más de 30 mil microbuses que operan en el DF. La prevalencia de un servicio deficiente en la mayoría de estas unidades se da gracias a la no aplicación de las normas existentes.
“Más allá de focalizar la problemática en un asunto de “la cultura mexicana”, nos resulta evidente que un servicio de transporte de calidad, para quienes se movilizan en la ciudad, sería posible si se empieza por cumplir disposiciones vigentes”, comentó Gilberto Robles Medina, responsable del Monitoreo a la Aplicación de la Normatividad en el Transporte Público Concesionado en la Ciudad de México.
Dicho documento fue elaborado por Ruta 49, junto con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y proponen visualizar la movilidad no sólo como el hecho de desplazarse de un punto a otro, sino como algo circunscrito en un marco de regulación y de derechos.
La planeación integral de los distintos medios de desplazamiento existentes en la ciudad, revisar la calidad en el servicio y las condiciones laborales en las que se prestan los servicios del transporte público son algunos puntos que señalan.
“Es menester hacer conciencia en torno a brindar un servicio de transporte público de calidad y eficiente, pero para lograrlo es necesario ver el problema no como algo exclusivo de los choferes, sino como algo relativo a los usuarios y a la ciudadanía en general”, apuntó Robles Medina. “El principal problema es que no se aplica el Reglamento de Transporte del DF, derivando en la falta de planeación de los servicios, circulación de unidades deterioradas, mal diseñadas y la ausencia de capacitación de los operadores”, continuó.
La creación de una institución que funja como articuladora entre las diferentes instancias de gobierno y que procure el respeto de los derechos de todos a la movilidad, es la propuesta que señala Robles Medina. “Sería una instancia autónoma, que se estructure y gobierne con independencia respecto a cualquier tipo de institución pública o privada incluso recibiendo recursos de ellas. Tendría la capacidad de hacer recomendaciones a las instituciones públicas con alcance en materia de transporte”, indicó.
Por su parte, Arnulfo Arteaga, investigador del departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, se sumó a la crítica explicando que hace falta implementar políticas públicas que permitan capacitar a los operadores de transporte público y, además, transformar su imagen, “visualizarlos como servidores públicos”, subrayó.
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