El derecho a la igualdad también se aplica para la movilidad

Por Transeúnte , 11 de julio de 2011

 

Por Rocío Núñez – @CoResponsable

La desigualdad se maximiza como consecuencia del entorno social y por ende del espacio urbano en el que se desenvuelven las personas con discapacidad. Por esta razón, su accesibilidad debe considerarse como un principio básico para lograr la igualdad de oportunidades. La movilidad y la accesibilidad a los sistemas de transporte y a la infraestructura urbana, debería ser una garantía individual salvaguardada por el Estado.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación, reconocido en el Artículo 1° de la Constitución, manifiesta la igualdad de oportunidades y de trato para todos los habitantes de este país. Sin embargo, la garantía y el pleno cumplimiento de tales derechos para las personas con discapacidad, aún debe ser una prioridad. De acuerdo con el Informe especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en el Distrito Federal, publicado por la Comisión de Derechos Humanos del DF en 2008, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad puede concebirse como un proceso a través del cual la sociedad adopta las medidas adecuadas para atender sus necesidades particulares y asegurar el pleno goce de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos a nivel local, nacional e internacional.

En este sentido, el tema del transporte es de gran relevancia por tratarse de uno de los servicios que potencialmente podría ser un medio del goce del derecho a la accesibilidad. Ejemplo de las buenas prácticas en esta materia, es el que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, mediante las cuales se han implementado diversos programas que se suman a la Red Integral de Transporte para Personas con Discapacidad; pero aún queda mucho por hacer.

De acuerdo al mismo informe, desde el año 2001, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ha brindado servicio de transporte preferencial, sin costo, para personas con discapacidad a través de una red conformada por 71 autobuses de diseño especial, que recorren cinco rutas que hacen conexión con algunas estaciones del metro. Esta cantidad de autobuses, sin embargo, sólo representa el 8% de la flota y el 6.6% del total de las rutas.

Si bien existen ya unos primeros esfuerzos en la materia, el espacio urbano no es ni cerca lo que debería ser para garantizar el ejercicio de este derecho. Las rampas que no van hacia ninguna parte, los postes que limitan el desplazamiento, las banquetas mal terminadas o demasiado estrechas, la necesidad de subir escaleras para cruzar una calle por un puente peatonal –generalmente inseguro-, la falta de semáforos exclusivos, el servicio de transporte público poco amigable y la falta de respeto a las adecuaciones existentes, son sólo algunas de las limitantes.

La obligación de garantizar la accesibilidad está en manos de diversas disposiciones nacionales e internacionales, entre las cuales destacan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General sobre Personas con Discapacidad (LGPD) y la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (LPDDF). Mismas que incluyen tratados específicos sobre la accesibilidad al transporte público, señalización, infraestructura urbana, accesos preferenciales, entre otros.

Al respecto, Jesús Sánchez, especialista y consultor técnico en infraestructura urbana comentó: “Debemos trabajar en conjunto para transformar la ciudad, la verdadera equidad se alcanza con un cambio de paradigma en el transporte y el espacio urbano. Esto nos permitiría recuperar sitios de convivencia en los que aprendamos a respetar nuestras diferencias, organizar la vida comunitaria y utilizar los recursos del entorno para el interés común. De esta forma ejerceremos el derecho a la ciudad”.

A fin de garantizar los derechos para las personas con discapacidad, es fundamental cumplir con el principio de accesibilidad y movilidad a través de diseños urbanos incluyentes -llevando a cabo los ajustes necesarios a la infraestructura-, pero sobre todo, es necesario hacer modificaciones contundentes en materia de política pública, apostando por una sociedad más equitativa y promoviendo una actitud de respeto y protección de los derechos fundamentales a través de procesos concienzudos de educación y sensibilización, en los que todos, tenemos un rol fundamental.

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