Xavier Treviño

El derecho a la movilidad y las soluciones unidimensionales

Por , @xtrevi , 19 de octubre de 2011

Cada vez es más común escuchar de movilidad más que de transporte. De movilidad sustentable, con toda la carga del tema de medio ambiente, pero también con la presión de la perspectiva de derechos sociales, lo que ha permitido migrar de un enfoque de ingeniería hacia otro más bien multidisciplinario. Entonces terminamos hablando muchas veces de un “derecho a la movilidad” con el que pretendemos explicar un derecho más, el cual obtendríamos por ser habitantes de una ciudad.

Pero ¿qué es exactamente este derecho a la movilidad? Algunos despistados han intentado interpretarlo como una especie de garantía de libertad de tránsito en coche, supuestamente prevista en el artículo 11 Constitucional. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ya estableció que “la garantía de libertad de tránsito sólo salvaguarda a los individuos y no a los vehículos automotores a través de los cuales se desplazan”. Lamentablemente este derecho, más que estar catalogado como una garantía individual, lo está como un derecho colectivo y difuso, como parte de los llamados “derechos económicos, sociales y culturales” o derechos “de tercera generación”.

Y en realidad, este carácter colectivo y difuso del “derecho a la movilidad” hace que con él se abarque un amplio rango, el cual va desde el derecho de los usuarios de los sistemas de transporte masivo a recibir un servicio de calidad, hasta el derecho todos los habitantes a la movilidad y accesibilidad segura, sustentable y equitativa a las diversas zonas de la ciudad. Las perspectivas desde donde se puede enfocar este derecho son tan amplias que no se puede catalogar en un solo sector o área. Por ejemplo, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, presentada en julio de 2010 por organizaciones civiles, y avalada por el Gobierno del DF, prevé el derecho a la movilidad de tres formas: en la ciudad “incluyente”, la “sostenible” y la “habitable” o “segura”:

  • Ciudad incluyente: “3.2.1 Para lograr la construcción de una ciudad incluyente, todas las personas que habiten en la Ciudad de México deben poder gozar de todos los derechos humanos, entre otros: … Derecho al transporte público y a la movilidad urbana”.
  • Ciudad sostenible: “3.3.5 Para garantizar hoy y para las futuras generaciones el manejo sustentable, responsable y sostenible de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos en la ciudad se debe: … fomentar una descentralización equilibrada de las actividades económicas, políticas y educativas de la ciudad para disminuir de forma radical la movilidad urbana; Ampliar las redes de transporte público de alta capacidad; eficiente, poco contaminante, seguro, cómodo, accesible y a precios asequibles y avanzar hacia la multi e intermodalidad.
  • Ciudad habitable o segura: “3.6.6 Para mejorar la seguridad física y el disfrute democrático y equitativo de la ciudad: … Definir, ampliar y respetar las áreas reservadas para peatones y personas con discapacidad; Definir, ampliar y hacer respetar las ciclopistas en todas las zonas de la ciudad; … Garantizar en los espacios públicos (parques, plazas y jardines) la accesibilidad y el desplazamiento seguro de niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Es decir, bajo esta reflexión el alcance de un teórico “derecho a la movilidad” sería tan general y multisectorial, que para hacerse concreto y exigible, tendría que pasar necesariamente por la garantía de otros derechos más precisos. En el caso anterior se mencionan claramente tres: equidad, medio ambiente y seguridad. Pueden ser incluso más, pero el reto está en conceptualizar adecuadamente este derecho, de forma que se puedan desarrollar mecanismos certeros de tutela y protección. Un derecho abstracto, sin instrumentos que puedan hacerlo realidad, es tan inútil que eventualmente daría igual si está reconocido o no.

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