Xavier Treviño

El transporte es asunto de derechos

Por , @xtrevi , 17 de noviembre de 2011

¿Cómo podemos exigir nuestro derecho a la movilidad? Definir los alcances concretos de un derecho es el primer paso para hacerlo exigible. Continuamente se reforman o crean leyes nuevas que establecen objetivos ideales, pero a cambio se aplazan ad infinitum los instrumentos, reglamentos, normas y manuales que permitan hacerlas cumplibles. Definir alcances precisos es entonces el primer paso para avanzar en la garantía efectiva de un derecho.

¿Cuáles entonces son los alcances específicos que el derecho a la movilidad debería tener? Lo que es un hecho es que casi nunca nos transportamos porque queremos hacerlo, sino porque estamos obligados a ello, ya sea por trabajo, consumo o por otras razones. Nos movemos porque es una forma de conseguir lo que garantiza nuestra calidad de vida. Por lo tanto no parece que sea movernos nuestro objetivo deseado, sino acceder a bienes, servicios y empleo. De lo contrario, aspiraríamos a una ciudad con alta movilidad, pero expandida de manera que a pesar de lograr aumentos de velocidades y mayores volúmenes de pasajeros por vehículo, donde sería igual o más tardado que hoy llegar de un punto a otro.

Considerando entonces lo anterior, propongo cinco dimensiones sobre las cuales descansaría un hipotético y mucho más efectivo “derecho a la movilidad”. Creo que debemos enfocarnos en estos puntos para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la ciudad:

1. Dimensión espacial. La accesibilidad universal como elemento clave para la equidad espacial. La reducción de necesidades de movilidad para personas y bienes: mediante la proximidad, concentración y mezcla de usos de suelo, se provee de un entorno urbano con un tejido social y cultural sólido.
La conjunción de cercanía y movilidad eficiente permitirá reducir tiempos de recorrido y aumentar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Los artículos 4° y 5° constitucionales prevén por ejemplo, que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado”, y que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode”, de forma que la accesibilidad para toda persona -no importa su edad, género, condición social, física o psíquica- es un elemento básico para garantizar derechos constitucionales.

Además, las obras viales y de transporte no deberán segregar, romper o separar barrios y colonias, porque esto significa una evidente afectación del derecho al lugar en donde se habita, un concepto de vivienda mucho más integral, porque incluye el entorno.

2. Dimensión económica. Una gestión eficiente de la movilidad permite que más recursos sean dirigidos hacia donde más beneficios generan, hablo tanto de los recursos públicos, como de la economía de las personas. Para ello es prioritario garantizar la maximización de los beneficios sociales, ambientales y financieros en la gestión del transporte, así como eliminar barreras regulatorias, culturales y financieras que generen costos innecesarios y que impactan en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Asegurar estos derechos a los ciudadanos deriva en ciudades prósperas y competitivas, que generan a su vez bienestar social y calidad de vida.

3. Dimensión social. En el eje de esta dimensión resalta la equidad social. La ciudad debe ser democrática, garantizando el acceso igualitario a sus servicios y bienes, tanto públicos como privados, incluyendo los sistemas de transporte.

También debe compensar desigualdades económicas, concentrando inversiones en áreas como espacio público, banquetas, cruces, transporte masivo, infraestructura ciclista, parques públicos, los cuales aumentan la calidad de vida en especial de los ciudadanos con menor ingreso.

La discriminación por género, edad, condición social o condiciones de salud, por ejemplo, están prohibidas por el artículo 1° constitucional. ¿Cuántos derechos no se garantizan por la simple razón de la inaccesibilidad física a diversos espacios?

Ejemplos hay muchos: falta de cobertura de transporte público, infraestructura peatonal deficiente o inexistente, poca o nula accesibilidad peatonal en inmuebles, falta de opciones seguras de movilidad en horarios nocturnos o de madrugada, altos tiempos de recorrido, transbordos, y bajo nivel de servicio para modos de transporte público o no motorizado. Todas estas son razones reales que vulneran derechos previstos en la Constitución.

4. Dimensión ambiental. La movilidad urbana deberá garantizar que se mantenga al mínimo la emisión de gases de efecto invernadero y de contaminantes a nivel local, los cuales afectan directamente nuestra salud. Además debe asegurarse de que el impacto sobre el suelo con valor ecológico y los hábitats se reduzca lo más posible. Es claro que el artículo 4° constitucional establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. La aspiración a ciudades compactas, densas y mixtas garantiza el cumplimiento de esta dimensión ambiental, lo cual contrasta con el proceso de urbanización actual, basado en bajas densidades, separación de usos de suelo y una gran expansión horizontal.

5. Dimensión de salud e integridad personal. Es prioritario que la protección de la salud y la vida de las personas sea un elemento central en la provisión de sistemas de transporte. La obesidad y los accidentes de tránsito generan gran parte de los muertos y heridos en el país, por lo que es clave prevenirlos. El artículo 4° constitucional establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Es claro que la promoción de la movilidad no motorizada y el llamado transporte “activo”, como lo es la bicicleta, el caminar, moverse en patines, etcétera, garantizan este derecho a la salud, en contraste con modelos basados en la movilidad motorizada, como lo es la motocicleta y el automóvil.

Uno de los retos más importantes para las ciudades es garantizar estas 5 dimensiones, muy relevantes para el desarrollo humano, a través de una gestión urbana inteligente y justa. No esperamos que sea fácil, pero al menos que entendamos tanto nosotros los ciudadanos, como los que toman decisiones en el marco de la gestión pública, que nuestra Ciudad no acepta ya soluciones unidimensionales.

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