Parquímetros en Coyoacán: participación y diálogo, no fuerza pública

Por Transeúnte , 28 de abril de 2014

Por: Andrés Sañudo (@LeonoSan)

Cuando tus días incluyen, dentro de tus obligaciones, leer todos los artículos, investigaciones, regulaciones, presentaciones, libros y manuales sobre políticas de estacionamiento eficientes que puedas encontrar, es muy difícil cuestionarse si el uso del espacio público para estacionar autos debe estar regulado o no. Igualmente es difícil cuestionarse si dicha regulación debe implicar el establecimiento de una tarifa, sobre todo en zonas de alta demanda.

Las estrategias para regular dicha actividad son muchas y la elección de ellas debe estar fundamentada en un conocimiento de la ciudad y sus colonias. En el menú de estrategias están la instauración de un costo por el uso del espacio público, la definición de zonas exclusivas de residentes y visitantes, la prohibición del estacionamiento en vía pública, el establecimiento de tiempos máximos para permanecer estacionado en un espacio o emitir permisos para residentes, entre otras. Para una zona urbana, la elección de una estrategia no supone descartar el resto, sino que en la mayoría de las ocasiones lo ideal es mezclarlas en busca del mayor beneficio público.

Cuando se trata de una zona que recibe una importante cantidad de autos y que concentra actividades relacionadas al trabajo, comerciales y de entretenimiento, se ha probado, en esta ciudad y en el mundo, que establecer un precio (parquímetros) es la más efectiva para reducir la saturación (viajes en auto) y proveer de una mayor cantidad de espacios disponibles. Esto se traduce en menos tráfico, menos tiempo perdido, menos emisiones y un mejor espacio público para todos los usuarios, especialmente para peatones. Lo que es un hecho es que, sea cual sea la mezcla de estrategias elegida para un área, el papel de la policía en la vigilancia del cumplimiento del conjunto de reglas elegidas es fundamental.

Hoy hay zonas en Coyoacán, así como muchas otras del DF, que cuentan con incentivos que no favorecen el beneficio de los residentes ni el buen funcionamiento de la ciudad. La gratuidad del estacionamiento genera una sobredemanda que acompañada con una vaga aplicación del Reglamento de Tránsito Metropolitano, se ha constituido como un incentivo a un uso indiscriminado del automóvil. De acuerdo a la Encuesta Origen Destino 2007el 32% de los viajes que acuden a esta zona se realiza en coche (12% por encima del nivel de uso del auto para el DF y su área conurbada). De igual forma, existen altos niveles de estacionamiento ilegal (como autos en las banquetas) y la permanencia promedio de los vehículos estacionados en la vía pública es de más de 4 horas y media. Encontrar un lugar “gratis” en la vía pública implica invertir más de 14 minutos en promedio. Esta gratuidad es falaz pues tiene un costo para el automovilista en tiempo perdido, gasolina consumida, desgaste del vehículo y demás. Para la ciudad tiene costos traducidos en mayor desorden, incremento en las emisiones contaminantes, los niveles de ruido y un deterioro de la calidad de vida de la zona.

Coyoacán presenta una diferencia importante en los niveles de demanda observados entre semana y en fin de semana. En los días hábiles, el número de espacios legales ocupados en promedio durante el día se observó en 77% del total; sin embargo, algunas áreas están alrededor del 90%. Esta situación es menos dramática que lo observado antes de la implementación de parquímetros en otras zonas de la ciudad como Polanco, Roma o Condesa, pero el atractivo que el Centro Histórico de Coyoacán tiene para los habitantes de toda la ciudad hace que la situación se agrave los fines de semana, que es cuando se puede observar una mayor demanda y desorden.

Desde hace un par de años se ha planteado la expansión del sistema de parquímetros ecoParq a esta zona. Se generó un debate público que ha devenido en una confrontación social que no ha beneficiado a nadie. En ambas partes existen argumentos legítimos que deben ser escuchados, pero también hay algunas contradicciones. Algunos opositores dicen que se trata de la privatización del espacio público, cuando la verdadera privatización se da cuando un particular deposita 12 m2 de propiedad privada (un coche) sobre el espacio público durante 6, 8 ó 10 horas sin dar acceso a dicho bien público a más personas y sin retribuir económicamente a la ciudad por dicho aprovechamiento. Además, mientras el espacio público está saturado de vehículos estacionados, es difícil pensar que dichos espacios pueden ser utilizados para otros fines con un beneficio para todos como banquetas más amplias, calles peatonales, espacios compartidos, ciclovías, entre otros.

Quienes estamos a favor de la implementación quizá no hemos sido lo suficientemente claros y comunicativos en cuanto a los beneficios esperados y menos receptivos de las inquietudes ciudadanas referentes a la difusión del proyecto, la transparencia del mismo, el flujo de los recursos generados y la reinversión de los mismos en las mejores locales. Esto terminó de viciarse en el momento en que se tomó la decisión de “defender” la implementación de una política con el uso de la fuerza pública, y no mediante información y procesos participativos.

Desde el proceso vivido en la zona de Roma – Condesa, nos dimos cuenta que la mejor manera de reflejar la participación ciudadana no es mediante una consulta ¿Está usted de acuerdo con la instalación de parquímetros o no? Sin embargo, existe una falacia detrás de esta estrategia: el bien común es la suma de los bienes particulares. Cuando proponemos todo lo contrario: el bien común debe estar por encima del particular, que en este caso debemos interpretarlo que un espacio público ordenado, un menor uso del automóvil y contar con una mayor disponibilidad de espacios debe estar por encima de garantizar que una sola persona, residente o visitante, estacione su auto durante todo el día en el espacio de todos sin asumir el costo de dicho espacio.

La instalación de parquímetros es sólo una de las estrategias utilizadas para regular y ordenar el estacionamiento en vía pública. De hecho, el parquímetro es un elemento de un sistema de gestión. En todo caso, el cuestionamiento es si es necesario gestionar el uso del espacio público para estacionamiento por parte de la autoridad. Irónicamente, ésta es una pregunta absurda pues es equivalente a cuestionar si es necesario que las autoridades de la ciudad hagan lo que las leyes les demandan. La no regulación del espacio público es la renuncia de las autoridades a cumplir con sus obligaciones.

La experiencia diaria de los ciudadanos (perdiendo tiempo para encontrar un lugar, banquetas y cruces peatonales invadidos, la apropiación de los espacios por gestores informales) nos indica que es necesario cambiar las reglas del juego y alcanzar nuevos objetivos. De acuerdo con el Manual de implementación de sistemas de parquímetros para ciudades mexicanas (ITDP, 2012), entre los objetivos principales de la gestión del estacionamiento en vía pública deben estar: reducir el número de viajes en auto y su tiempo de traslado, fomentar modos de movilidad sustentable y reducir el estacionamiento ilegal, entre otros.

En el Manual de participación en políticas de movilidad y desarrollo urbano (ITDP, 2014), se define la participación pública efectiva como “el derecho que tienen los actores sociales, tanto colectivos como individuales, de involucrarse activamente de modo informado, y de ver reflejadas sus preocupaciones y necesidades en el proceso de toma de decisiones públicas”. Por lo tanto, se deben procurar los procesos participativos (ahí citados) que forzosamente deben informar a la ciudadanía de la problemática actual y de los objetivos planteados en una nueva regulación, así como los beneficios esperados. También, es fundamental recopilar las preocupaciones expresadas por la ciudadanía (residentes y visitantes) e identificar aquellas que son compatibles con los objetivos planteados, de manera que exista dicho involucramiento y la apropiación pública de la política. Es decir, tiene poco valor plantear la confrontación y realizar una consulta binaria (sí o no) sobre si es necesaria la instalación de parquímetros. Debemos recorrer el camino de los grises y concentrarnos menos en el qué y más en el cómo.

De esta forma se plantearán nuevas preguntas sobre el funcionamiento del nuevo ordenamiento. Algunas de estas preguntas podrían ser:

  • ¿Se requieren diferentes estrategias de estacionamiento por áreas dentro de la zona?
  • ¿Cómo se definirá la tarifa para visitantes y residentes? ¿Deben ser distintas estas tarifas?
  • ¿Cuáles serán los días y los horarios en que operarán las nuevas reglas? ¿Debe o no haber un límite de tiempo para permanecer estacionado en el mismo espacio?
  • ¿Debe haber áreas exclusivas de residentes y áreas para visitantes? ¿Bajo qué condiciones cada una?
  • ¿Cuáles son los requisitos para otorgar permisos a los residentes? ¿Cuántos es factible otorgar sin comprometer el funcionamiento del sistema? ¿Qué costo deben tener?
  • ¿Cuáles son las garantías que debe dar el sistema y la tesorería en la transparencia de los posibles recursos generados?
  • ¿Cuáles son los compromisos de la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva gestión?
  • ¿Cuáles son las prioridades de la zona para reinvertir los recursos generados?
  • Si hay un esquema con operación privada ¿cuáles son los indicadores de desempeño que permitirán a la autoridad vigilar el cumplimiento de los objetivos planteados? ¿Cada cuánto se debe evaluar el funcionamiento del sistema y revisar las condiciones de los contratos para garantizar el mayor beneficio público?

Coyoacán puede hacer más eficiente el uso de la vía pública como estacionamiento. Es importante encontrar las estrategias adecuadas para darle una nueva cara a la zona siempre buscando el beneficio de la mayoría y garantizando la transparencia del proceso. De nada sirve una consulta si no se piensa en un esquema de participación más amplio.